la actualidad del aborto en méxico

​¿Por qué no queremos hablar del aborto en México? A pesar de ser algo que sucede todos los días, existe un enorme estigma alrededor de las mujeres que abortan, de quienes practican el procedimiento y de quienes defienden el derecho a decidir. Te...

por Sofía Alessio
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22 Julio 2016, 3:00pm

Todavía hoy, en pleno 2016, se niega a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, se condena a las que eligen no ser madres y el estado privilegia la protección de un embarazo sobre los derechos y deseos de las mismas.

Las legislaciones sobre aborto en el mundo son muy variadas, hay países como Honduras donde el contexto legal es completamente restrictivo, y países como Dinamarca donde no hay mayores barreras para acceder a este servicio de salud público gratuito. A diferencia de otros países que han avanzado más en esta materia, en México el aborto sigue siendo penalizado -salvo en ciertas excepciones que dependen de la legislación de cada estado-. Es decir, no es lo mismo abortar en Yucatán que en Chihuahua porque el aborto está regulado de manera local.

Las exclusiones de responsabilidad, también conocidas como causales (los casos en los que las mujeres pueden interrumpir un embarazo) en México son:
-Cuando el aborto es provocado por accidente (aborto imprudencial o culposo)
-Cuando a juicio del médico, el embarazo pone en peligro la vida de la madre
-Cuando hay alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto.
-Inseminación artificial no consentida.
-Cuando hay afectación a la salud.
-Cuando hay causas económicas.
-Cuando el embarazo es consecuencia de una violación, en las 32 entidades es legal abortar de acuerdo a la Ley General de Victimas y a la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005. Cuando un embarazo es producto de una violación, el estado esta obligado a garantizar el acceso a un aborto si la mujer así lo desea.

Fuera de estas causales, las mujeres en México con embarazos no deseados se ven obligadas a practicarse abortos inseguros y/o clandestinos arriezgandose a ser detenidas o poniendo en riesgo su vida y su salud. Únicamente en la Ciudad de México, es posible abortar por cualquier motivo hasta las 12 semanas de gestación, después de ese limite de tiempo aplican causales como violación.

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Recientemente se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el caso de Margarita Pino Salazar, una mujer derechohabiente del ISSSTE a quien se le negó la interrupción legal del embarazo a pesar de que el embarazo ponía en riesgo su salud. Margarita tuvo que recurrir a una clínica privada para practicarse un aborto. Después promovió un amparo contra el ISSTE y contra los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal (CPF).

En el proyecto de sentencia del amparo de Margarita, el ministro Arturo Zaldívar proponía declarar inconstitucional el delito de aborto y a la vez los artículos 332 y 334 del CPF que sancionan a las mujeres que abortan de manera voluntaria.

Desafortunadamente tres ministros de la Corte fallaron en contra y desecharon el amparo, a pesar de que instancias internacionales han determinado que negar a una mujer un aborto necesario por motivos de salud, es violar sus derechos humanos. Próximamente se hará un nuevo proyecto y el tema se volverá a discutir.

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Los casos como el de Margarita son cotidianos en México por que las causales no se respetan. Las legislaciones actuales y la negación a garantizar el acceso a servicios de salud básicos a todas las mujeres en todos los estados, causan que 47 mil mujeres mueran cada año a causa de abortos inseguros.

En varios estados en México actualmente se están discutiendo reformas para proteger la vida desde la concepción. Es necesario recordar que las restricciones legales no evitan que las mujeres aborten, solo las orillan a recurrir a procedimientos inseguros y clandestinos. En países donde el aborto está prohibido o solo se permite para salvar la vida de la mujer, 37 de cada 1,000 mujeres entre 15 y 44 años abortan, mientras que en países donde se puede acceder al aborto por voluntad abortan 34.

A pesar de haber podido beneficiar sólo a una persona, la SCJN perdió una oportunidad para demostrar su compromiso con los derechos de las mujeres y para señalar que es deber de las instituciones públicas garantizar derechos, y de los servidores públicos dar acceso a servicios. Es necesario que quienes dictan las leyes en nuestro país lo hagan velando por los derechos humanos de las mujeres y no antepongan a ellos sus propios principios religiosos o morales.

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* Este artículo se realizó en colaboración con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.*

Credits


Texto Sofía Alessio del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Fotografía María Fernanda Molins

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