distinguir feminicidios en méxico

​Ante el grave panorama de violencia contra mujeres en el Estado de México y la falta de información y cifras al respecto, analizamos el concepto de feminicidios y los avances legales ante estos crímenes.

por Rafael Castillo
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17 Junio 2015, 9:05pm

Dos décadas después de que Ciudad Juárez fuera considerada como la ciudad más peligrosa del mundo para ser mujer, hoy otras partes de México pueden llevar el mismo título. Existe una continua crisis de asesinatos de mujeres en donde hay nuevas víctimas y asesinos, familiares de víctimas y organizaciones que pelean sus casos; casos que se quedan escondidos como los cadáveres de las víctimas, y casos que son grandes proyectos de derecho que llegan a la Suprema Corte. Lo que no existen son cifras claras ni concierto sobre el uso de la palabra feminicidio. A falta de la primera, la segunda es necesaria.

Este tipo de crimen es reconocido como violencia de género; un crimen de odio que se produce en condiciones de desigualdad. Nunca me he considerado un feminista. Ni siquiera he leído Teoría King Kong o alguna otra doctrina de sobre como la violencia simbólica masculina es todavía una herramienta de poder entre cualquier pareja libertaria conformada por un hombre y una mujer, y la que por supuesto resonaría en los estándares de la sexualidad mexicana. Específicamente discrepo de cómo el feminismo reconoce un espacio político y de dominación estructural en cualquier situación individual, doméstica y privada. Y aunque anteriormente he intentado separar mi postura de quien habla de feminicidios —familiares de las víctimas, sus abogados y otras organizaciones que los apoyan— la lectura estructural es la misma razón por la que se podría estar de acuerdo en usar el concepto de feminicidio para designar a esto tan común en México: el asesinato de una mujer por un hombre impulsado por misoginia, placer o sentido de posesión; un crimen de odio, como lo definió Diana Rusell, una de las feministas a quien se atribuye el término.

No voy a intentar hablar de la misoginia como razón o del placer como fin que puede encontrar algún tipo de hombre para matar a una mujer. Por favor, dalo por hecho. El problema está en que nadie conoce la verdadera magnitud de lo que está sucediendo en México. Yo tampoco, por supuesto. Cada vez que he intentado acceder a cifras claras de cuantas mujeres han sido asesinadas en México me encuentro con laberintos y todos los expertos a quienes he preguntado sobre las cifras definitivas han llegado a la misma conclusión: las cifras de mujeres asesinadas en México no son definitivas.

"Encontrar las cifras más veraces en nuestra nación, siempre será un problema", me dijo como primera línea en un correo electrónico Julia Monárrez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y una de las personas encargadas de la visibilidad de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Ella mantiene un conteo estandarizado de las mujeres asesinadas en esta ciudad desde 1993.

Las organizaciones que asisten a los familiares de las víctimas usan conteos de prensa, han peleado con los sistemas de transparencia y monitorean los casos de los que se enteran. Todos métodos valiosos pero inconsistentes.

Otros como la ONU y Humberto Padgett en su libro de investigación "Las muertas del Estado" —un enorme retrato del tema y base para otras investigaciones— han contado los asesinatos de mujeres según los registros de los sistemas de salud. Y los dos llegaron a números diferentes para los mismos periodos.

Yo intenté obligar a la Procuraduría del Estado de México a indicarme el número de cadáveres de mujeres que llegan a los Servicios Médicos Forenses del Estado de México. Según ellos, entregármelos comprometería la identidad de estas personas, así que legalmente no podrían dármelas. Lo que al final cedieron en proporcionar fueron las cifras oficiales de las personas que tienen una muerte violenta en el Estado de México. Así, sin decir cuántos de esos cadáveres pertenecían a mujeres, en qué condiciones, o qué tipo de muerte tuvieron.

Es realmente confuso cómo frente a la creciente atención de un tema como este, las autoridades (del Estado de México por lo menos) prefieren tratar de mantener en secreto los números que constituyen una crisis, según activistas, familiares de víctimas y prensa. Ramkar Cruz, el último reportero de la zona metropolitana con el que hablé sobre el tema, mientras me entregaba un video del levantamiento del cadáver de una mujer, me dijo que en el Estado de México incluso suben los cadáveres de mujeres a las patrullas antes de que llegue una ambulancia de los servicios forenses. De ser cierto —y lo creo cierto—, no tengo que esforzarme en decir qué tan ridículo e irresponsable podría ser esta estrategia para hacer el problema menos evidente.

Frente a actitudes como esta, el concepto de feminicidio existe como una ventaja mínima cuando no sabemos cuantas mujeres siquiera alcanzan el reconocimiento de las autoridades en el crimen que sufrieron. Dos momentos claves en la historia reciente de México pueden ejemplificarlo.

Primero el 16 de noviembre de 2009, en las sentencias de Campo Algodonero de la Corte IDH por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y el 25 de marzo de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desconoció una sentencia previa de la Procuraduría del Estado de México en la muerte de Mariana Lima Buendía. En ambas ocasiones, los casos de asesinatos de mujeres han llegado a instancias donde la justicia se discute de forma abstracta pero tiene repercusiones en los pasillos de los Ministerios Púbicos.

Con las sentencias de Campo Algodonero se logró el reconocimiento de la palabra feminicidio. En esa ocasión el Estado Mexicano fue considerado responsable de un cúmulo de abstracciones, que era responsable por violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y libertad personal de las víctimas, de no cumplir con las investigaciones y de no discriminación. Antes de ello, los casos tenían casi una década sin solución, y ahora este concepto está incluido en el Código Penal Federal y otros 17 códigos penales estatales.

El caso de Mariana Lima Buendía y la lucha de sus padres frente a la justicia mexicana es ícono de las fallas de investigación en México. Sus padres han sostenido por cinco años que Mariana Lima fue asesinada por su propio esposo, un policía judicial del Estado de México, mientras que la procuraduría cerró el caso al determinar que Mariana se suicidó. Pero con el fallo de la SCJN, se estableció un antecedente para que cualquier muerte violenta de una mujer pueda ser investigada como un feminicidio. El efecto práctico es la solución a una crítica constante del Observatorio Nacional del Feminicidio en contra de cómo se tipifica este delito, y es que entonces no recaería sólo sobre un juez la responsabilidad de determinar si es que existen o no razones de género para considerarse como un feminicidio. Esto es importante dado que el Código Penal del Estado de México es particularmente demandante —y violento— en sus criterios para determinar que el móvil es una cuestión de género. Y para el caso de Mariana, por lo pronto significa que el hombre a quienes sus padres señalan como culpable, Julio César Hernández Ballinas, ha sido suspendido y se encuentra bajo investigación, según la propia Procuraduría del Estado de México.

Sin cifras, solo nos queda el concepto. Pero designar este crimen como feminicidio, podría, como en el caso de Mariana y las víctimas de caso algodonero, entregar una ventaja para investigar y ser el último recurso para esclarecer asesinatos de mujeres en México

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Texto Rafael Castillo
Imagen del performance de quinceañeras violentadas y desaparecidas del Estado de México por Clauzzia Gómez, parte de la exposición que se presenta actualmente en el metro Polanco.

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